Frontera Cautiva

El 26 de marzo de 2018 un periodista y un fotógrafo ecuatorianos, junto con el conductor del vehículo en que viajaban, fueron secuestrados por exguerrilleros de las FARC cuando investigaban un tema relativo al narcotráfico en la frontera entre Ecuador y Colombia. Tres meses después los encontraron muertos. Un equipo conformado por 19 periodistas ecuatorianos y colombianos, en colaboración con la organización Forbidden Stories, investigó esta desaparición. Dieciséis medios de comunicación internacionales, publican hoy el resultado de este trabajo.

Jules Giraudat

Militar en Mataje

 

Un nombre escrito con letra pequeña en el registro de un hotel: Javier Ortega. Profesión: periodista. Ese fue el último rastro que dejó el reportero ecuatoriano, de 32 años de edad, el lunes 26 de marzo de 2018 en la región de Esmeraldas, al noroeste de Ecuador. A las 7:10 las cámaras de vigilancia registraron que dejó el hotel El Pedregal, acompañado del fotógrafo Paúl Rivas, 45 años,  y del conductor del vehículo en que viajaban, Efraín Segarra, 60 años. El equipo partió en dirección a Mataje, el último poblado ecuatoriano en la frontera con Colombia.

 

Registro del hotel El Pedregal

 

Los cuerpos de los tres hombres, cosidos a balazos, fueron encontrados tres meses después por las Fuerzas Especiales de Colombia, a decenas de kilómetros del lugar donde desaparecieron, en la región de Nariño, donde operan numerosos grupos de narcotraficantes. Los asesinos cavaron dos fosas en las que colocaron cuidadosamente una trampa: cinco artefactos explosivos, a fin de herir a los militares que iban a sacar los cadáveres. Según la investigación preliminar de la fiscalía colombiana, a la que tuvimos acceso y que aún se encuentra en curso, los soldados de élite necesitaron más de ocho horas para asegurar la zona.

Cristian Segarra, hijo de Efraín Segarra, el conductor del vehículo en que viajaban los periodistas, cuenta: “en la funeraria le pedí al director de la oficina médico legal que me permitiera ver el cuerpo. Me resistía a creerlo. Él me dijo que iba a ser muy complicado, que no iba a reconocer el rostro. Me dejaron ver su mano, pero el estado de putrefacción era tan avanzado que no reconocía nada, era prácticamente irreconocible”.

Fue el último episodio de un drama que conmovió a la sociedad ecuatoriana. En las redes sociales, en las calles de Quito, la capital, en los parabrisas de los automóviles, florecía el eslogan #nosfaltan3. Hasta entonces ningún periodista había sido secuestrado y asesinado en Ecuador. El país había logrado conservar la paz en su territorio mientras que la vecina Colombia se consumía en un conflicto fratricida con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

 

Manifestación en Quito, 21 de julio de 2018.

 

Aún quedan muchas sombras respecto a lo que sucedió en la escarpada selva que sirve de frontera entre los dos países. ¿En qué condiciones y por qué fueron secuestrados y asesinados los tres empleados del diario El Comercio? ¿El gobierno ecuatoriano hizo todo lo posible por salvarlos? Se conformó un equipo de reporteros independientes ecuatorianos y colombianos para intentar responder a estas preguntas. Por razones de seguridad, trabajaron en el anonimato. “Es un tema muy delicado aquí, no podemos correr el riesgo de que maten a otro de nosotros por firmar los textos con nuestros verdaderos nombres”, explica uno de los periodistas. La organización Forbidden Stories, cuya misión es dar seguimiento al trabajo de periodistas amenazados, encarcelados o asesinados, colaboró con ellos en la investigación para comprender lo que sucedió tras la desaparición de Javier Ortega y sus dos colegas la mañana del lunes 26 de marzo.

 

La historia “prohibida”

“Le dije: no, por favor esta vez no. Yo siento que es muy riesgoso. Él me dijo: es mi trabajo”, cuenta Yadira Aguagallo, la pareja del fotógrafo Paúl Rivas, en el apartamento donde ambos vivían y ahora habita sola. Era su tercera cobertura en la frontera desde enero. “Cuando nos despertamos, lo vi acostado a un lado mío y pensé: no podría vivir si le pasa algo”, recuerda Yadira  Aguagallo. Seis días antes tres militares habían muerto y uno más había resultado herido por la detonación de un artefacto explosivo artesanal en Mataje. Fue el último sobresalto de la ola de violencia que sacude desde hace varios meses la provincia de Esmeraldas, fronteriza con Colombia. El 27 de enero de 2018 un cuartel policial de San Lorenzo –una de las principales ciudades de Esmeraldas– fue atacado con un coche bomba; 28 personas resultaron heridas. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, decretó el estado de excepción en la región e instauró el toque de queda. Las autoridades atribuyeron esta serie de atentados a Walther Patricio Arizala Vernaza, alias ‘El Guacho’, de 28 años de edad, que hasta hace sólo unos meses no estaba fichado por la policía y quien se ha convertido en el enemigo público número uno. En la única entrevista que ha concedido y que ha sido difundida (octubre de 2017, en la cadena de televisión colombiana RCN), Arizala Vernaza aparece relajado, sin ropa militar, con un polo azul ajustado; sólo la pesada metralleta que lleva a los hombros revela quién es: un ex-guerrillero de las FARC que dirige el Frente Oliver Sinisterra, un grupo conformado por más de 120 hombres armados.

 

Yadira Aguagallo durante una manifestación en Quito, 21 de julio de 2018.

 

Con el acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016 entre el gobierno colombiano y las FARC “se vieron beneficiados los comandantes de las guerrillas, pero gran parte de los milicianos no fueron reconocidos como tales”, afirma el coronel Mario Pazmiño, quien fue director de Inteligencia del Ejército ecuatoriano entre 2007 y 2008. “Se vieron decepcionados. Lo que les ofrecía el gobierno [tierras para que cultivaran choclo, papas, café, etc.], en comparación con lo que les ofrecía el narcotráfico era completamente dispar”, explica. Así, sucedió que “entre 1.800 y 2.000 hombres se desvincularon del proceso de paz y en este momento están en armas en diferentes partes de Colombia” añade, precisando que son alrededor de 12 grupos los que operan en la zona fronteriza entre Ecuador y Colombia. Ante la emergencia de estos grupos, acusados de trabajar mano a mano con los cárteles mexicanos, las autoridades de ambos países respondieron ejerciendo una mayor represión. En opinión del fiscal Christian Rivadeneira, encargado de investigar la serie de atentados en la región de Esmeraldas, los ataques de estos últimos meses son en cierto modo una “consecuencia” de estas operaciones, “podrían ser represalias”.

 

Ecuador, plataforma de exportación de la cocaína

Según la oficina de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra la Droga y el Delito, el cultivo de cocaína se multiplicó en Colombia en 2016, en particular en la región de Nariño, donde operan estos grupos armados. Se calcula que en esa zona hay 42,627 hectáreas destinadas al cultivo de coca, lo que representa un aumento de 43% respecto a 2015. “Una vez que la droga es procesada en el país vecino [Colombia], la envían a Ecuador por mar o por tierra, la encaletan y luego contratan a pescadores a fin de poder llevar esta droga con lanchas rápidas a Centroamérica, México o Estados Unidos” explica Rivadeneira. Las zonas montañosas, la selva densa y los gigantescos manglares por donde circula la droga hacen que las operaciones de las fuerzas especiales se vuelvan muy complicadas. ¿Por qué es un tema prohibido en Ecuador?, ¿Por qué el gobierno no quiere que se hable mucho de este tema? Porque se revela ante la opinión pública nacional e internacional que éstas no son zonas controladas. Son zonas en las que la población ha sido dejada a la buena de Dios. ¿Cómo queremos que esta gente no se vincule constantemente con el narcotráfico?”, cuestiona el coronel Pazmiño.

 

Palma Real, zna de tránsito de cocaína

 

Javier Ortega y sus compañeros querían abordar las consecuencias de esta guerra contra el narcotráfico, por ello viajaron a Mataje el 26 de marzo pasado. Se dice que esta zona, que es muy peligrosa, está controlada por los hombres del Guacho. Según el informe de investigación del Ministerio del Interior de Ecuador, a las 9:30 el equipo periodístico pasó el último puesto de control militar, ubicado a unos cuantos kilómetros de la población. Es allí donde se pierde su rastro, hasta el 3 de abril. En un video, difundido por el canal de televisión colombiano RCN, aparecen los periodistas encadenados, con el rostro demacrado. Javier Ortega dice al presidente de Ecuador: en sus manos están nuestras vidas”. El periodista da a conocer lo que quieren los secuestradores a cambio de liberar a sus rehenes: que el gobierno ponga en libertad a tres narcotraficantes encarcelados y que ponga fin al acuerdo de colaboración militar en la frontera entre Colombia y Ecuador. Al final del video se confirman los temores: los tres empleados de El Comercio fueron secuestrados por el grupo del Guacho.

 

“A muchos niños les preguntaron dónde quedaba el puente […] que pasaba a Colombia […] fueron por allí y desaparecieron”

Tras el asesinato de Javier Ortega y de sus colegas, sólo un equipo periodístico, escoltado por militares ecuatorianos, había podido visitar Mataje. Nosotros fuimos a allí el 2 de agosto pasado, acompañados por el ejército. Algunas calles de asfalto agrietado, casas de cemento, niños con uniforme escolar que juegan y, a unos metros, al otro lado del río que marca la frontera, cultivos de cocaína. Aquí los militares hacen rondas todos los días en vehículos blindados, pero no existe ningún control permanente en el puente que conduce a Colombia, dejando a los narcotraficantes el camino libre. En medio de esta población abandonada por las autoridades, reina una flamante construcción nueva. “Es la casa de la mamá del Guacho”, nos dice el coronel Rodríguez, quien nos acompaña. Aquí, a algunos metros, es donde se descubrió la camioneta de los periodistas. “La casa está vacía. Se supone que el Guacho pasa, va y viene”, añade el coronel Rodríguez. No nos dejan bajar del vehículo para hablar con los habitantes. Minutos después, a través de altavoces, empieza a escucharse música de reguetón en todo el poblado. Acaban de enviar una señal al otro lado de la frontera para avisar de nuestra presencia.

 

Puente que marca la frontera entre Ecuador y Colombia.

 

Sólo una persona aceptó hablarnos de lo que sucedió en Mataje el día del secuestro: Víctor Hugo Guerrero Quiñones, quien nos recibió en su casa, ubicada en uno de los barrios más pobres de la ciudad de San Lorenzo, que se encuentra a 25 kilómetros de Mataje. Fue profesor dos años en la escuela primaria de Mataje, hasta que lo obligaron a dejar su trabajo, durante la ola de atentados. “[Los empleados de El Comercio] llegaron consultando a Mataje. Querían hacer entrevistas, pero la gente se esconde […] no le gusta informar”, cuenta Quiñones haciendo referencia a “la voz del silencio”. Él no se encontraba en la población el día en que desapareció el equipo de El Comercio, pero resume lo que le han dicho otros profesores y alumnos: “a muchos niños les preguntaron dónde quedaba el puente del río Mataje que pasaba a Colombia. Los niños les informaron”. Los periodistas “habían dejado el carro en Mataje y se trasladaron al puente caminando […] fueron por allí y desaparecieron”, agrega.

 

Escritorio de Javier Ortega en el diario El Comercio.

 

¿Qué sucedió con Javier Ortega y sus dos colegas? Se barajan varias hipótesis; algunas de ellas se contradicen. El 6 de agosto el Ministerio de Defensa Nacional de la República de Colombia informó que había detenido a un sospechoso llamado ‘Roberto’. “Según información de inteligencia alias Roberto habría interceptado a los integrantes del equipo periodístico de El Comercio en Mataje (…) y mediante engaños los habrían llevado hasta territorio colombiano”, afirmó el ministerio en su cuenta de Twitter. Una hipótesis que la fiscalía colombiana puso en tela de juicio. Según elementos preliminares presentados el 23 de julio de 2018 ante el tribunal de Bogotá, Roberto y un cómplice habrían retenido a los periodistas en Mataje, luego los habrían llevado a Colombia. Este es un punto muy delicado para el gobierno ecuatoriano; las familias de las víctimas acusan a las autoridades de no asumir sus responsabilidades.

 

El anuncio de la liberación

En una conferencia de prensa efectuada el 19 de julio de 2018 el Ministro de Defensa de Ecuador, Oswaldo Jarrín, desmintió que los periodistas hubieran sido secuestrados en territorio ecuatoriano. “¡Tenemos un sentimiento de indignación! ¿Cómo pueden hacer declaraciones de forma tan irresponsable? Quieren que toda la responsabilidad del secuestro y del asesinato recaiga sobre el Estado colombiano. Yo creo que fracasaron rotundamente en rescatarlos con vida”, expresa Cristian Segarra, respecto a la muerte de su padre. Desde hace varios meses las familias de las víctimas aparecen constantemente en los medios de comunicación para denunciar la torpeza del gobierno, que piensan es responsable de la muerte de sus familiares. “Durante 19 días nos mintieron […] No hubo un solo día en que no pensáramos: ¡estamos tirados en la selva! De la peor forma posible […] Un día nos decían una cosa y otro día otra”, señala Yadira Aguagallo con indignación, al precisar que en una conferencia de prensa el ministro les dijo que no estaban negociando y a ellos siempre les dijeron que se negociaba.

Las conversaciones por WhatsApp entre el Guacho y el Mayor de Policía ecuatoriano, Alejandro Zaldumbide, han puesto en dificultades al gobierno. Estas conversaciones, presentadas ante la fiscalía, permiten pensar que en los días que precedieron el secuestro, las autoridades sabían que los civiles enfrentaban amenazas cada vez mayores. El 16 de marzo de 2018 el Guacho, visiblemente abrumado por las operaciones de las fuerzas del orden en Mataje, escribió al Mayor: “Ya estoy perdiendo la paciencia y civiles que le coja en la frontera se los mato”. “Unas horas antes de que Javier y su equipo llegaran, estaba prohibido que entraran los periodistas a Mataje”, señala el editor de la sección de Seguridad de El Comercio, Geovanny Tipanluisa, quien era jefe de Javier Ortega. “Pero esa mañana hicieron el registro en el puesto militar y se les permitió entrar. ¿Qué pasó? Es una de las preguntas para las que hasta ahora no tengo una respuesta”, expresa. El gobierno no respondió a nuestras preguntas. “Les molesta que en Ecuador o en el resto del mundo se sepa que cometieron un error”, señala Galo Ortega, padre del periodista.

¿Y si hubieran podido liberar a los rehenes? El 28 de marzo de 2018 El Tiempo, uno de los diarios colombianos más importantes, anunció que fueron liberados. A las 21:25 horas el periódico aseguró que habían sido entregados sanos y salvos a las autoridades ecuatorianas y que se encontraban cerca de Mataje. “Aquí gritamos, todo el mundo. Fueron unos segundos de alegría indescriptibles”, recuerda Tipanluisa. Pero el gobierno ecuatoriano no confirmó la información. A la mañana siguiente el Ministro del Interior, César Navas, desmintió que hubieran sido liberados y afirmó que aún estaban en negociaciones. Sin embargo, una fuente judicial nos dio una versión distinta de los hechos: desde las 18:00 horas se dio la orden de tener listo un helicóptero militar para recoger a los rehenes. Después, estos debían ser conducidos al aeropuerto Coronel Carlos Concha Torres, ubicado en la ciudad de Tachina, donde los esperaba un avión que los llevaría a Quito. Según la información con que contamos, el entonces Ministro de Defensa de Colombia, Luis Carlos Villegas, llamó en la noche a quien entonces era su homólogo ecuatoriano, Patricio Zambrano, para felicitarlo por la liberación. Zambrano, entrevistado el 28 de septiembre, confirmó que lo llamó Villegas, pero negó que se hubiera implementado un plan para rescatar a los rehenes. “El artículo de El Tiempo es la única información que siempre tuvimos […] que fue una falsa información”, precisó. ¿Qué sucedió la noche del 28 de marzo? “Creo que es una de la mayores interrogantes que tengo hasta el día de hoy. Si las investigaciones no logran determinar qué es lo que ocurrió, será una de las dudas más grandes de mi vida”, expresa Cristian Segarra.

 

Patricio Zambrano, ex-ministre de la Défense de l'Equateur

 

El 11 de abril el Frente Oliver Sinisterra anunció en un comunicado de prensa el asesinato de los tres empleados de El Comercio. Según el testimonio de una persona implicada en el crimen, arrepentida, recabado por los investigadores en Colombia, la última conversación entre los rehenes y sus secuestradores habría sido: “El chofer de los periodistas […] preguntó qué les iban a hacer, que si los iban a matar. Peru [un hombre del Guacho] le dijo que sí […] porque su gobierno no cumplió con el acuerdo, y allí es cuando les comienzan a disparar”.

Personas cercanas al Guacho fueron detenidas e inculpadas en Colombia, pero él sigue prófugo. Su búsqueda tiene en vilo a los dos países. El 15 de septiembre el presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, anunció que el Guacho había sido herido en una operación del ejército. Tres días después el general Alberto José Mejía, comandante del Ejército Nacional de Colombia, afirmó: “No puedo confirmar ni desvirtuar”. El gobierno ecuatoriano ofreció una recompensa de 100.000 dólares y las autoridades colombianas de 148.000 dólares, por toda información que permita su captura vivo o muerto. “Como pareja de Paul, me parece extremadamente doloroso que haya tenido que ser así, con un secuestro, una desaparición y un asesinato, para que empecemos a preguntarnos qué ocurre en la frontera”, expresa Yadira Aguagallo. “El Estado ecuatoriano y el colombiano tienen muchísimo qué ver. El asesinato de Paul, Javier y Efraín no tiene que quedar impune, estos silencios no pueden permanecer.”