En Guatemala, las escasas voces que tratan de denunciar los estragos de una gigantesca mina de níquel sobre las tierras ancestrales de las comunidades indígenas son silenciadas, como la del periodista Carlos Choc. De los daños causados al lago más extenso del país hasta la disimulación de evidencias, Forbidden Stories y sus socios revelan los secretos que el gigante minero Solway ocultó.

A primera vista, no existe relación entre un lavaplatos de la marca Siemens, un fregadero de la tienda Ikea o la estructura del rascacielos Burj Khalifa, en Dubái. Sin embargo, todos fueron fabricados con aceros inoxidables ultrarresistentes de Outokumpu, una empresa transnacional de origen finlandés que tiene un lugar preponderante en el mercado europeo del acero.

En un video promocional sobre sus compromisos ecológicos, acompañado con músicas relajantes y adornado con puestas en escena de aspecto futurista, Outokumpu parece cumplir con todas las promesas de una industria respetuosa del medio ambiente. “No solo es lo que hacemos, sino la manera en que lo hacemos”, sostiene la empresa en su informe de sustentabilidad más reciente. No obstante, la cadena de suministro del gigante siderúrgico, que Forbidden Stories y sus aliados remontaron, dice algo totalmente distinto.

En contraste con sus eslóganes que aseguran que sus “proveedores siguen procesos y acciones eficientes para proteger el medio ambiente y los derechos humanos”, Outokumpu se abastece de una parte de sus materias primas, el ferroníquel, del otro lado del Océano Atlántico, en una gigantesca mina ubicada en el sureste de Guatemala. En esta región aislada, las comunidades indígenas llevan años denunciando los estragos que las actividades de la minera Fénix, filial del grupo Solway, causan en sus tierras.

Solway, un gigante mundial del ferroníquel con sede en Suiza y dirigido por ciudadanos de Rusia y Estonia, adquirió hace una década la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), para operar la planta de tratamiento de metales (Pronico) y las canteras explotadas por la minera Fénix. Esta operación no fue exenta de críticas, pues la extracción del níquel, que los mineros apodan “el metal del diablo” por su difícil proceso de refinación, tiene impactos ambientales profundos.

Solway, que todos aquí llaman “la empresa”, siempre ha desmentido las acusaciones respecto a los impactos ambientales de sus actividades, ya sea la deforestación, la erosión de los suelos, así como la contaminación de los ríos o del aire.

En una carta dirigida al consorcio Forbidden Stories, Solway niega cualquier acto reprehensible. “Solway Investment Group opera en total conformidad con las leyes nacionales aplicables y las regulaciones internacionales”, escribió el director general de Solway, Dan Bronstein. “Refutamos todas las acusaciones realizadas sin ninguna base fáctica.”

Por primera vez, una enorme filtración de datos internos, a la que Forbidden Stories tuvo acceso, rompe la omerta alrededor de este gigante, que inunda el mercado mundial con el níquel de Guatemala.

Durante seis meses, y bajo la coordinación de Forbidden Stories, cerca de 65 periodistas de 20 medios, entre ellos Le Monde, The Guardian o The Intercept, examinaron los datos de la filtración, que incluyeron 8 millones de documentos confidenciales y 470 buzones de correos electrónicos de directivos de la minera Fénix.

Argumentos fabricados, mentiras a las poblaciones y vigilancia de quiénes podrían revelar sus secretos… El proyecto Mining Secrets revela las estrategias que Solway ha usado para disimular, en contubernio con las autoridades, cualquier elemento que podría inferir su responsabilidad en graves casos de contaminación del medio ambiente.

Mancha roja y secretos

En las orillas del lago Izabal, el más extenso de Guatemala, algunos niños pescan con línea de mano y contemplan el baile de las balsas cargadas con peces, destinados a las parrillas de los restaurantes locales. La rutina era tranquila y en armonía con la naturaleza para las comunidades indígenas mayas Q’eqchi’ originarias de la región. Sin embargo, todo cambió en marzo de 2017: una mañana, mientras se lanzaban por peces gatos, los pescadores observaron una mancha roja en la superficie del lago.

“Desde el 2016 vimos las muertes de manatíes, lagartos, tortugas, peces, pero nadie daba atención. Hasta que el lago cambió de color, se veía como un aceite color rojo”, explica Cristóbal Pop, presidente de la Unión de Artesanos Pescadores.

En su opinión, no había duda: la mina era responsable de este color ocre. Los pescadores salieron a las calles para pedir cuentas a las autoridades. La represión policiaca fue tan brutal que un pescador, Carlos Maaz, falleció el 27 de mayo de ese año, lo que paró el movimiento en seco.

A partir de ese momento, todas las declaraciones y los informes oficiales sostuvieron que el color misterioso era producto de un alga: la planta acuática Botryococcys braunii, asevera Maritza Aguirre, la directora de la agencia de gobierno que monitorea el lago Izabal. Contactado por Forbidden Stories, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales sostiene esta explicación, que los responsables de la mina utilizan también en su comunicación institucional. “El aumento de nitrógeno y fósforo, favorece el crecimiento de algas, y de acuerdo a la época que se dio en ese momento, eso dio esa tonalidad y los puntos donde específicamente se identificó fueron puntos que están distantes a nuestras operaciones”, precisa Gustavo García, el jefe del departamento ambiental de la empresa, en una entrevista con un integrante del consorcio realizada en enero de 2022. Agrega, con una pizca de ironía, que “es pura casualidad” si la mancha en el agua tenía el color del níquel.

Los documentos confidenciales a los que el consorcio tuvo acceso desmienten las declaraciones oficiales, y confirman las intuiciones de los pescadores: si bien se observaron algas en ese periodo, el origen de la mancha no tenía nada de natural.

En marzo de 2017, cerca de un mes antes de las protestas de los pescadores, el mismo Gustavo García informó a su dirección que algo grave había sucedido. “Mediante una inspección del departamento de Gestión Ambiental, se determinó la presencia de material sedimentado en el canal de salida de la planta de proceso. Se observó, que luego de fuertes lluvias, el material alcanzó el lago de Izabal”. En otras palabras, la empresa sabía desde el 11 de marzo de 2017 que “el desfogue de sedimentos en el lago fue evidente debido al color rojizo del agua en este punto”, según el informe traducido al ruso y compartido con altos cargos de la mina Fénix.

Un día después del informe del 11 de marzo de 2017, convocó una movilización general: sus equipos multiplicaron los reportes sobre el incidente, fotografiaron el canal de escape de la planta, cuyo color rojo contrastaba con lo verde de los árboles, y organizaron juntas de emergencia. De hecho, los sedimentos de limonita, un mineral rico en hierro idéntico al que Solway extrajo de los cerros y almacenó en la zona 212 de la explotación, tienen la particularidad de formar un color rojizo, un óxido visible, cuando están expuestos al oxígeno. “Me preocupa esto que pasó, más con una posible visita del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN)”, escribió Marco Aceituno, uno de los directivos. Un empleado describió en un correo electrónico las actividades previstas en un plan de acción para “mitigar la contaminación que viene del área 212”, las cuales incluían “colocar las barreras (tablas de madera) para que ayude a retener sedimentos en el canal de salida”.

Marvin Méndez, el director administrativo de una de las filiales de Solway en Guatemala, confirmó la existencia de este informe en una carta dirigida a un integrante del consorcio en febrero de 2022. No obstante, afirmó que “el agua que se conduce en el canal está fuera de las responsabilidades de CGN y PRONICO por tratarse de agua que proviene de zonas naturales”, que la empresa no explota. En esa carta, Solway explicó que el agua de lluvia que cae sobre sus instalaciones es desviada hacia una presa pero no desemboca en ese canal.

No se sabe si la empresa siguió las recomendaciones del informe, pero los documentos filtrados indican que otra mancha, del mismo color, emergió en abril de 2018.

Aunque los responsables de la mina estaban enterados, según un documento confidencial filtrado, los pobladores no se movilizaron como en mayo de 2017. “Lamentablemente se aniquiló la protesta ciudadana en aquel tiempo en las comunidades; un pescador fue asesinado en el marco de las protestas, eso hizo que la gente tuviera mucho temor”, deplora Rafael Maldonado, el abogado de los artesanos pescadores, en entrevista con un integrante del consorcio.

Periodistas vigilados

La muerte de Carlos Maaz durante una protesta en 2017 quedó marcada en las mentes. Hasta la fecha, solo existe una fotografía que documenta esta tragedia: fue tomada por Carlos Choc. En aquel entonces, este periodista de la agencia de noticias Prensa Comunitaria entrevistaba pescadores y y recogía historias de vida para su proyecto Las voces del lago, una investigación de largo aliento sobre “la lucha histórica del pueblo Q’eqchi’”. El proyecto aspiraba a documentar los daños provocados por la explotación de níquel en los cerros, ubicados a escasos kilómetros de las comunidades indígenas. Sin embargo, esta investigación nunca vio la luz.

Bajo el pretexto de que participó en la manifestación, la empresa minera acusó al periodista –junto con un colega y cinco pescadores– de seis delitos. La denuncia desembocó en una orden de aprehensión en su contra, que lo obligó a esconderse durante varios meses. “Tuve que abandonar a mis hijos, a mi familia, mi comunidad”, narra Carlos Choc. Tras su regreso del exilio, la empresa no se había olvidado de él.

En los archivos internos del grupo Solway, Forbidden Stories y sus socios descubrieron decenas de documentos sobre el periodista. Además de información sobre su familia, sus actividades y una cronología sobre sus publicaciones, Carlos Choc fue fotografiado a escondidas en múltiples ocasiones, como una celebridad víctima de paparazzi: aparece en una fotografía en la selva, en marzo de 2019, vestido con su chaleco de prensa; en otra se observa manejando su camioneta roja, y en otra se le ve al lado del abogado Rafael Maldonado, mientras se dirige a su audiencia en la ciudad de Puerto Barrios. Todas las imágenes fueron guardadas celosamente en un archivo interno titulado “Fotos Claves”.

“Saber de que soy fotografiado es muy preocupante”, explica el periodista cuando ve las imágenes. “A mi me da mucha indignación cómo una empresa minera controla no solamente la población de El Estor en todas las acciones que hace, sino también tratar de llevar el control de la vida de los defensores y defensoras y especialmente la mía como periodista”.

Preguntado sobre estos métodos, el director administrativo de Pronico sostiene que “esta información no corresponde a la realidad”.

No obstante, los documentos en nuestro poder tienden a mostrar que este modus operandi ha sido una práctica institucionalizada en la minera, que abrió un archivo sobre cada persona que se ha interesado de cerca a sus actividades.

En 2019, para dar seguimiento a las investigaciones de Carlos Choc, Forbidden Stories y sus socios viajaron a la comunidad de El Estor. Durante ese proyecto, llamado Green Blood, los periodistas investigaron la responsabilidad potencial de Solway en los daños ambientales provocados por la mina.

Los archivos internos de Solway muestran que, en ese entonces, los reporteros del proyecto Green Blood fueron fotografiados a sus espaldas. Un camarógrafo del equipo y su chofer fueron seguidos por un dron de la empresa “con la finalidad de mantenerlos observados y verificar sus intenciones”, indica un informe exclusivo destinado al departamento de seguridad de la empresa.

Durante esta primera vista de los periodistas, en 2019, Arina Birstein, la encargada de la comunicación del grupo Solway, tenía todo previsto. Un correo electrónico redactado en ruso, que Forbidden Stories consultó, sugiere que “si les enseñamos (a los periodistas) la producción limpia, el laboratorio de punta en el monitoreo de los impactos ambientales, el seguimiento médico, los trabajadores contentos y los pobladores satisfechos –es decir, todo lo que aparece en el perfil de CGN en Facebook—, entonces les será más difícil presentarnos como capitalistas cínicos que parasitan la economía subdesarrollada y la población local de Guatemala”. Este es un ejemplo perfecto de la manera en la que la empresa busca controlar su imagen.

Desde la publicación de la investigación Green Blood, la empresa demandó a Le Monde y Forbidden Stories por difamación. La filtración de documentos del proyecto Mining Secrets revela una gran cantidad de información confidencial, que la minera siempre se negó a transparentar. Estos documentos confirman las dudas de las poblaciones en cuanto al destino de sus recursos naturales, así como los hallazgos de la investigación Green Blood.

Contaminación demostrada

Durante una visita a la mina Fénix, que periodistas del consorcio realizaron en enero de 2022, los responsables de la empresa explicaron que “no desfogamos, no vertimos nada en el lago ni en ningún lugar, y todo se queda contenido y manejado por nosotros. Tampoco dejamos que se escape el níquel porque es parte de nuestra actividad, sino se va el recurso”. Sin embargo, en un correo electrónico dirigido al director general de Solway, Dan Bronstein con fecha del 26 de junio de 2019, el presidente de la minera Fénix, Dmitry Kudryakov, escribió que “si bien los periodistas no pueden acusarnos de contaminar el lago por elementos vinculados a nuestra actividad, podrían tener esta oportunidad si recurren a expertos independientes”.

Sin embargo, se observaron tasas particularmente elevadas de hierro, níquel, manganeso y aluminio en el lago Izabal, cerca del canal de salida de la planta. Entre 2017 y 2020, la tasa promedia de concentración de níquel en el centro del lago era de 1.8 microgramo por litro; en el canal que rodea la planta de tratamiento, se elevaba a 35.3. Una tasa 20 veces superior.

También se encontraron rastros de cromo en los sedimentos tomados del fondo del lago. Según el análisis de Laurence Maurice, directora de investigación en geoquímica ambiental en el Instituto de Investigación para el Desarrollo de Toulouse, en Francia, “el nivel a partir del cual existen riesgos para la salud de los ecosistemas acuáticos ronda los 90 microgramos de cromo por gramo de sedimento; aquí, en el agua de los ríos, se encuentran entre 580 y 2 mil 800 microgramos de cromo. ¡Es enorme!”

Contactado por Forbidden Stories, Marvin Méndez asegura que “El proceso de la Compañía no utiliza ningún químico que contenga cromo”.

El cromo tiene un origen natural. Se encuentra entre otros en la saprolita, una roca rica en níquel que es explotada en los cerros. Una vez extraída del cerro, la empresa transporta la roca a la planta de Pronico, donde separa el níquel. Los residuos de cromo terminan al aire libre en las canteras, o sobre los montos de minerales abandonados por la minera; de ahí, corren hacia los ríos y terminan en el lago, ubicado a decenas de metros de la planta de tratamiento.

Según Thierry Adatte, profesor en el Instituto de Ciencias de la Tierra en la Universidad de Lausana, “lo que se debe hacer en un caso como éste, es alertar, simplemente, decir ‘¡Aguas!’ (…) hay un problema real, que no se puede minimizar”.

Para confirmar los riesgos que estas tasas elevadas representan para los ecosistemas, se necesitarían “pruebas de toxicidad, es decir, exponer organismos a estos sedimentos y verificar están en buen estado o no, o realizar pruebas de biodisponibilidad, midiendo la tasa de (estos organismos) en los organismos”, precisa Davide Vignati, encargado de investigación del Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS, por sus siglas en francés) en el Laboratorio Interdisciplinario de los Entornos Continentales de Metz. En otras palabras, habría que analizar la tasa de cromo en los peces para determinar si la cadena alimenticia está contaminada.

Salud sacrificada

Sin muestra ni análisis disponible, las poblaciones de El Estor tienen, como única herramienta de medición, a sus cuerpos. “Cualquiera que se mete en el lago, al salir siente una picazón. A una persona muy alérgica le pueden salir ronchas muy rápidamente”, denuncia Cristóbal Pop, preocupado por la salud de sus cuatro hijos.

El agua no es el único recurso contaminado por la actividad de la minera Fénix. Según documentos incluidos en la filtración de datos, algunas partículas finas tóxicas salen en el humo de la planta de tratamiento y en el polvo que se despeja con el paso diario de los camiones.

En respuesta a un cuestionario detallado que le envió el consorcio, la empresa niega estar al origen de cualquier contaminación, y adjunta muestras atmosféricas del segundo semestre de 2020 para respaldar sus dichos.

Sin embargo, Gaëlle Uzu, geoquímica de la atmósfera en el Instituto de Geociencias del Ambiente de Grenoble y en el Instituto de Investigación para el Desarrollo, no coincide con sus conclusiones. Para Forbidden Stories y sus socios, la científica analizó decenas de tablas Excel sobre la calidad del aire que provienen de la filtración de datos. Las muestras, tomadas en 15 lugares distintos, incluyendo el interior de la mina, la zona de viviendas de los trabajadores o el centro de El Estor, revelan una realidad muy distinta a la de la comunicación institucional de la mina.

Las partículas finas que respiran las familias mayas Q’eqchi’ y los trabajadores de la mina rebasan muy seguido las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). “Algunas estaciones de muestreo rebasan sistemáticamente dos a tres veces los límites admisibles”, explica Gaëlle Uzu, quien basa su análisis sobre las normas europeas, dado que en Guatemala no existe ninguna legislación sobre la calidad del aire. “En Europa, se estima que la exposición de estas personas no es aceptable, y que enfrentan riesgos cardio respiratorios a largo plazo”, deplora. Y esto, según la investigadora, ni siquiera es lo más preocupante para la salud de las poblaciones.

Los datos filtrados contienen unos análisis de metales presentes en estas partículas finas, entre ellos el níquel. La Unión Europea establece a 20 nanogramos por metro cúbico de aire la norma a partir de la cual la presencia de ese metal en el aire representa un peligro para la salud. En el centro de El Estor en 2017, estos valores van desde 150 nanogramos “hasta 800 nanogramos al interior de la planta, es decir, 40 veces la norma”, explica Gaëlle Uzu. “Inhalar ese polvo expone a riesgos agudos de intoxicación. Si la exposición es duradera, es decir, de varios años, el níquel es cancerígeno. Que sea por vía cutánea, por ingestión o por inhalación, este metal es tóxico”.

Falta de transparencia

“La enfermedad está afectando como dolores de cabeza y fiebre, entendemos que es por el humo que sale de la empresa”, dice Luis Caal, integrante de la comunidad de Las Nubes, ubicada a escasos cientos de metros de las chimeneas de la planta de tratamiento Pronico.

A pesar de las quejas de los habitantes, hasta la fecha Solway no ha realizado ningún estudio científico que vincule los problemas de salud con las actividades de la mina. Preguntado al respecto por el consorcio, el director administrativo de Pronico declara que no incumbe a la empresa producir datos, y añade que “El Ministerio de Salud (MSPAS) maneja las estadísticas sanitarias comunitarias. No tenemos influencia sobre las instituciones en lo que se refiere a los estudios y/o la publicación de información estadística”.

Los documentos internos a los que Forbidden Stories tuvo acceso muestran algunas estrategias que los responsables de la minera Fénix desplegaron para evitar la realización de estudios epidemiológicos que podrían comprometerles. A raíz de la investigación Green Blood, el director de la minera Fénix, Dmitry Kudryakov, consultó con la encargada de comunicación de la empresa sobre los pasos que seguir para apagar la crisis. Rechazó de manera contundente la elaboración de una base de datos estadísticos. “Lo peor para nosotros sería provocar un flujo masivo de quejas. Los quejosos vincularían sus enfermedades a la empresa, con el objetivo de sacarle provecho. Todos estos recursos serían documentados al Centro de Atención Integral Materno Infantil (CAIMI) y los periodistas tendrían acceso a las estadísticas”, escribió.

Con el afán de conocer las enfermedades que podrían derivar de la actividad minera, Forbidden Stories se acercó a médicos, pero pocos aceptaron hablar, ya que la sombra de Solway envuelve a los diferentes centros de salud de la región. A pesar del sticker “Pronico” –el logotipo de la planta de tratamiento— colgado en el aire acondicionado de su despacho, el director del CAIMI, Paulo Mejía, habla con uno de los miembros del consorcio. El médico enumera algunas patologías en la región –“hay enfermedades diarréicas, respiratorias…”–, pero cuando surge la pregunta sobre un eventual vínculo con la actividad minera, Mejía se muestra evasivo: “realmente no tengo la base ni científica ni administrativa como para yo emitir mi opinión puntual sobre la pregunta que me hace”. Dicho lo anterior, el médico ya no hablará más sobre este tema.

“Obviamente el médico nunca va a reportar ningún tipo de situación que comprometa a la empresa minera, porque la misma minera está facilitando el bienestar del centro de salud”, comenta el abogado Rafael Maldonado. Los responsables de la mina explican que apoyan al CAIMI cuando reciben solicitudes de su parte y añaden que es “el único centro de salud especializado en un radio de más de 100 km, por lo que la empresa le da atención prioritaria a CAIMI”.

Respecto a las enfermedades observadas, “diarrea, parásitos, anemia (…) y enfermedades respiratorias. Me imagino que es por el polvo”, opina una empleada del sector Salud en El Estor, quien prefiere guardar el anonimato. “Claro que miramos eso, pero el Estado está a favor de la minería, entonces es como que uno tiene que quedarse con la boca cerrada, ¿Verdad? Sí, aunque uno quisiera decir muchas cosas”.

Tolerancia oficial

Durante las numerosas entrevistas realizadas en el marco del proyecto Mining Secrets, tanto las comunidades de Guatemala como algunos exfuncionarios de El Estor expresaron su frustración ante lo que consideran como una ausencia de rendición de cuentas de los principales actores de la región, incluyendo el Estado guatemalteco.

“Es un muro de impunidad, porque las comunidades no están logrando tener justicia por la contaminación del agua en el lago de Izabal por parte de Solway”, denuncia Rafael Maldonado.
La “impunidad” que señala Maldonado no es reciente. La mina Fénix, cuyo terreno concesionado resguarda cerca de 36.2 millones de toneladas de níquel, recibió su permiso de explotación en 2005. En aquel entonces, el grupo encargado de los estudios ambientales se opuso a su apertura, pues consideró que la mina “no daba información real y clara sobre cómo iba a mitigar todos esos impactos en toda la parte de biodiversidad que es tan rica en la zona”, según revela una exfuncionaria del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, quien habla desde el anonimato por temor a represalias. Su equipo de trabajo fue despedido y sustituido por un grupo más favorable, gracias al cual la mina pudo empezar sus operaciones.

Preguntado al respecto por Forbidden Stories, el equipo actual del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales dice desconocer “si los asesores ambientales que en su momento evaluaron el EIA manifestaron su oposición”.

Una década y media más tarde, los dueños de la mina Fénix parecen dispuestos a extraer todo el níquel que les permita el Estado guatemalteco, y los efectos sobre las poblaciones locales parecen muy lejanas de sus prioridades.

Ello, a pesar de la suspensión que determinó la Corte Suprema de Justicia de Guatemala en julio de 2019, cuando resolvió que la mina de Solway explota de manera ilegal 247 kilómetros cuadrados, en lugar de los 6.29 kilómetros cuadrados autorizados en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), y que las comunidades indígenas instaladas en la zona de influencia de la mina nunca fueron consultadas conforme a derecho. Bajo estas consideraciones, el máximo tribunal de Guatemala ordenó al Ministerio de Energía y Minas (MEM) que suspenda la operación de la mina Fénix hasta que se realice una consulta conforme a derecho. La decisión judicial –decretada contra el gobierno y no contra Solway– remonta a 2019, pero el MEM se tardó más de un año y medio para hacer efectiva la suspensión de la licencia, lo que sucedió en febrero de 2021.

Contactado en varias ocasiones, el Ministerio de Energía y Minas no dio seguimiento a las solicitudes de Forbidden Stories.

A pesar de ello, “la empresa nunca se conformó con la resolución de la máxima autoridad jurídica del país, y siguió operando con total impunidad”, explica el abogado Rafael Maldonado en entrevista con el consorcio.

Imágenes de satélite de la mina Fénix, El Estor, el 4 de febrero de 2021 (izquierda) y el 11 de noviembre de 2021 (derecha). (Créditos: OIE – Planet Labs)

A pesar de la suspensión formal de la explotación, las actividades de la minera parecen haber continuado durante cerca de 10 meses, de febrero a noviembre de 2021, como lo muestran imágenes satelitales inéditas de Planet Labs, que nos entrega Guadalupe García Prado, antropóloga y directora del Observatorio de las Industrias Extractivas, un organismo que trabaja para transparentar más los proyectos mineros en Guatemala. Durante estos meses, una nueva mancha rojiza apareció en el paisaje. En la tierra, esta vez: entre la alfombra verde de la selva y los techos de lámina blanca de las casas de la comunidad de Las Nubes.

El director administrativo de la mina declara, en una respuesta al consorcio, que “desde el momento en que fue notificada la suspensión de la licencia de explotación minera, los trabajos de explotación fueron detenidos de forma inmediata.” Respecto a la zona fotografiada por imágenes satélites, comenta que “en está área fue removida únicamente la vegetación mas no el estrato orgánico del suelo […] para el control de la erosión del suelo”.

La juez que ordenó la suspensión de la mina se encuentra en el exilio. El pasado 13 de abril, el Congreso rechazó la prolongación de su mandato. La magistrada, reconocida por sus decisiones favorables a los pueblos indígenas y a favor de la lucha contra la corrupción, perdió su inmunidad y decidió abandonar el país para evitar posibles persecuciones.

“La Corte Suprema era el último recurso para que las poblaciones defendieran sus derechos. Y ahora desapareció. Ya no existe ningún poder político del lado de estas comunidades”, deplora Guadalupe García Prado.

En El Estor, la historia se repite

En El Estor, el conflicto ya se implantó en la historia, a pesar de ligeros avances. En enero de 2022, el gigante siderúrgico finlandés Outokumpu declaró a los integrantes del consorcio Forbidden Stories que había “dejado de enviar órdenes de compra (a Solway) desde principios de noviembre de 2021”, es decir, cerca de un mes después del inicio de nuevas protestas contra la mina en El Estor, a raíz de las cuales el gobierno decretó un estado de sitio.

Outokumpu tomó su decisión después que la televisora sueca SVT –que forma parte de este consorcio– lo cuestionó sobre los daños ambientales causados por su proveedor de níquel.

“Las alegaciones contra las operaciones mineras en Guatemala son muy graves y no teníamos conocimiento acerca de ellas”, escribió un representante de Outokumpu. “Actuamos de manera firme y decidida en base a esta nueva información, e iniciamos nuestra propia investigación con un socio externo sobre estas acusaciones para realizar evaluaciones de sustentabilidad”.

Sin embargo, otros gigantes siderúrgicos siguen comprando el “metal del diablo” guatemalteco, sin preocuparse de la manera en que es extraído.

En el lugar, las comunidades indígenas, los pescadores y los periodistas locales que tratan de denunciar los estragos ambientales provocados por la mina Fénix permanecen silenciados. El otoño pasado, Carlos Choc volvió a El Estor para cubrir protestas contra la mina Fénix, y tuvo su casa saqueada por agentes de las fuerzas de seguridad. El periodista se mudó a cientos de kilómetros de El Estor, pero sigue demandado por la empresa, por lo que debe desplazarse cada mes a esa localidad para presentarse ante la justicia, so pena de terminar en la cárcel.

El 6 de enero de 2022, la minera recibió un permiso oficial para reanudar sus actividades, como si nada.