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Un diputado baleado, un teléfono clave y décadas de impunidad: el caso que sacude a Paraguay
Eulalio “Lalo” Gomes Batista, diputado y empresario paraguayo, falleció en 2024 durante un operativo policial en su domicilio. Documentos internos obtenidos por Forbidden Stories y sus socios revelan que las autoridades habían sido alertadas sobre sus presuntos vínculos con el narcotráfico, incluyendo transferencias directas de dinero desde y hacia empresas ligadas a capos de la droga, desde al menos 2017, varios años antes de que se abriera una investigación formal.
- El grupo financiero global BBVA señaló a Gomes y a su hijo en 2017 por transferencias de dinero desde y hacia una empresa que más tarde fue vinculada al narcotraficante condenado Luiz Carlos da Rocha
- Aunque el Ministerio Público afirma que la investigación contra Gomes comenzó en 2023, documentos internos muestran que fiscales paraguayos solicitaron información a Brasil sobre Gomes y su hijo ya el 9 de mayo de 2022
- Claudia Cuevas Sierich, presunta “estratega financiera” de Gomes, fue condenada a cinco años de prisión por una estafa millonaria en moneda local relacionada con empresas vinculadas al narcotráfico, pero sólo después de la muerte de Gomes y a pesar de que BBVA ya la había señalado en 2017
Por Sofía Álvarez Jurado (Forbidden Stories)
8 de julio de 2025
Con Phineas Rueckert (Forbidden Stories), OCCRP, Revista Piauí
La madrugada del 19 de agosto de 2024, en el domicilio del diputado Eulalio “Lalo” Gomes Batista, en Pedro Juan Caballero (ciudad al noreste de Paraguay, en la frontera con Brasil) se respiraba una calma inquietante.
La escena podría describirse así: interior, vivienda, Gomes y su esposa, Joana Izabel Rodrigues Gomes, descansan en la habitación matrimonial. Exterior, madrugada, un equipo de élite, con efectivos de distintas fuerzas policiales, espera en silencio antes de irrumpir. Minutos después, Gomes muere tiroteado en un episodio cuyo relato, casi un año más tarde, sigue siendo tan o más confuso que el primer día.
Dos versiones enfrentadas dominan la narrativa sobre lo que realmente ocurrió, y las pericias forenses, contradictorias entre sí, no han ayudado a conciliarlas: el abogado de la familia, Óscar Tuma, sostiene que la policía “ejecutó” a Gomes con al menos dos disparos a corta distancia; las autoridades, por su parte, afirman que él abrió fuego primero y murió en el intercambio.
El operativo tenía como objetivo a testaferros y colaboradores de uno de los narcotraficantes más peligrosos de Sudamérica, Jarvis Chimenes Pavão, en el marco de una investigación por lavado de dinero y tráfico de drogas. Gomes, político y empresario de 67 años, y su hijo, Alexandre Rodrigues Gomes, habían sido formalmente imputados por presuntas operaciones de lavado de dinero y asociación criminal apenas unos momentos antes de la redada.
Los vínculos de la familia Gomes con personajes controvertidos no eran novedad. Ya en 2019, el medio paraguayo Última Hora publicó fotografías de Alexandre Rodrigues, hijo de Gomes, junto a reconocidos blanqueadores de capitales y narcotraficantes. Gomes había sido durante años una figura polémica, vinculado previamente en la prensa brasileña con poderosos narcotraficantes que operaban en la región.
Aún así, el operativo que acabó con la vida del diputado sorprendió a la sociedad paraguaya. Y nadie imaginaba aún que, meses más tarde, el análisis forense del teléfono de Gomes sacaría a la luz un presunto esquema de manipulación judicial y encubrimiento político que, según informaron los medios paraguayos ABC Color y Última Hora, salpicaba a legisladores, fiscales y jueces.
A pesar de las evidencias que muestran que muchos de estos altos cargos acudían a Gomes en busca de favores, algunos aparentemente al margen de la ley, la Fiscalía paraguaya no ha avanzado en su investigación al respecto. Los mensajes recuperados sugieren que su influencia se extendía a los tres poderes del Estado, así como a las fuerzas armadas.
Uno de estos mensajes, con fecha de 2021, mostraba cómo, ya en plena campaña para las elecciones generales de Paraguay —que tuvieron lugar el 30 de abril de 2023— un portavoz militar de la Fuerza de Tarea Conjunta de Paraguay (FTC) orquestó con Gomes una entrevista del político para la cadena brasileña Record TV. El oficial describió el medio como “de derecha, alineado con Bolsonaro” y asesoró a Gomes sobre qué decir.
Otro mensaje revela cómo, en agosto de 2023, cuando Gomes ya ejercía como diputado, fue contactado por la fiscal paraguaya Katia Uemura, cuyo esposo había sido detenido por presunto lavado de dinero. Ante su pedido de ayuda, Gomes habría actuado como intermediario para una persona que exigía dinero a cambio de “limpiar” la imagen de la fiscal. En diciembre, ella le escribió: “Don Lalo, por favor, ni traficante tiene [ese dinero] que pide”.
Pese a las alertas, el Ministerio Público no abrió una investigación formal contra Gomes hasta 2023. La demora revela un patrón preocupante de pasividad institucional frente al crimen organizado y la corrupción. La Fiscalía General de la República del Paraguay no respondió a nuestras preguntas específicas. La institución proporcionó una declaración general en la que especificaron que “esta dependencia carece de atribución para solicitar datos sensibles respecto a causas penales abiertas”.
Sobre el contenido de estos y otros mensajes, el abogado de la familia de Gomes, Óscar Tuma, declaró a Forbidden Stories que negar la autenticidad de los intercambios carecía de sentido, pero agregó que “Si lo que se pidió era justo, ¿cuál es el problema de que el diputado haya intentado ayudar? (sic)”.
El abrupto final de un influyente político y empresario
Las imágenes públicas que dejó Gomes proyectan éxito e influencia: posando en una de sus estancias, vestido con ropa de su empresa “Salto Diamante” y sombrero de gaucho, junto al expresidente Horacio Cartes o abrazando al actual líder del país, Santiago Peña. Pero los orígenes del político fueron mucho más humildes.
El fallecido Eulalio “Lalo” Gomes Batista (arriba a la izquierda), posando con el expresidente Horacio Cartes (abajo a la izquierda) y abrazando al presidente Santiago Peña (derecha). Fuente: Gentileza de ABC Color.
Según ABC Color, Gomes nació en 1956 en Ponta Porã, la ciudad brasileña fronteriza con Pedro Juan Caballero. Última Hora informó que, según fuentes cercanas, el paraguayo comenzó vendiendo helados a los siete años, en plena dictadura de Alfredo Stroessner —que se prolongó durante casi 35 años, de 1954 a 1989. Décadas más tarde, especialmente durante su presidencia de la Asociación Rural del Paraguay en Amambay, entre 2014 y 2023, fue escalando posiciones hasta convertirse en un empresario y político respetado.
Miembros de su familia llegaron a ocupar cargos clave en algunas de las instituciones gubernamentales más influyentes de Paraguay: hoy jubilada, su hermana, Egidia Gomes, fue fiscal antidrogas para el Ministerio Público; su primo, Hugo Derlis Batista, fue director general de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD); y su sobrina, Helga Lizany Solís Gomes, se desempeñó como funcionaria del Ministerio Público y estuvo comisionada a la Cámara de Diputados.
Durante años, Gomes forjó su reputación en el sector ganadero en la región de Amambay, concentrando muchas de sus actividades en Pedro Juan Caballero, considerada la ciudad más violenta del país y un epicentro regional del crimen organizado y del narcotráfico.
Fue precisamente aquí donde, en 2020, hombres encapuchados asesinaron a tiros a Lourenço “Léo” Veras, propietario y director de Porã News, un medio que cubría el crimen organizado, mientras cenaba en su casa con su familia. Según chats filtrados obtenidos por ABC Color y Última Hora, Gomes habría intervenido con una jueza para lograr la liberación de Waldemar Pereira Rivas, principal sospechoso del asesinato de Veras.
En un mensaje enviado en septiembre de 2021, la jueza Carmen Silva le decía a Gomes que no quería que Pereira fuera juzgado en Asunción, donde el fiscal Marcelo Pecci “le [iba] a querer dar 20 años (sic.)”. Añadió: “Si me decís que no le traiga [a un penal en particular], no lo hago, vos que mandás”. Pecci, uno de los fiscales antimafia más destacados de Paraguay, fue asesinado por sicarios mientras estaba de luna de miel en Colombia en mayo de 2022.
Durante esos años, y antes de entrar oficialmente en política nacional, Gomes habría hecho alarde de sus poderosas conexiones. Según la revista , en 2019, un jefe de la Policía Nacional encabezó un operativo contra el narcotraficante Antonio Joaquim da Mota. Como respuesta, Gomes “pidió” que lo apartaran de su puesto. “Ninguém tem que mexer con nosotros”, escribió Gomes en un mensaje de texto enviado a da Mota en ese momento, mitad en español y mitad en portugués. Menos de un mes después, tanto el jefe como el subjefe de investigaciones fueron reemplazados.
En 2024, Forbidden Stories se desplazó a Pedro Juan Caballero, el bastión de Gomes, y comenzó a hablar con periodistas locales sobre el diputado. “Se comenta que su fortuna no proviene de la ganadería, sino del narcotráfico”, dijo uno de ellos.
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Para rastrear el origen de esa afirmación, nuestro consorcio investigó los presuntos vínculos de Gomes con el crimen organizado. Pero en plena investigación, el 19 de agosto, Gomes murió en un tiroteo durante un operativo fiscal-policial.
Momentos antes de que los agentes ingresaran a su domicilio, el Ministerio Público de Paraguay emitió un acta, a la que tuvieron acceso Forbidden Stories y sus socios, que imputaba a Gomes y a su hijo en un caso por “Lavado de activos procedentes del tráfico internacional de drogas peligrosas y otros” vinculado al narcotraficante brasileño Jarvis Chimenes Pavão.
El allanamiento fue autorizado por el juez Osmar David Legal Troche, quien trabaja en el sistema de justicia desde 2008, se desempeñó como agente fiscal en Delitos Económicos entre 2017 y 2023, y actualmente se desempeña como juez Penal de Garantías contra el Crimen Organizado. En aquel momento, Gomes contaba con inmunidad parlamentaria, ya que la Constitución de Paraguay establece que ningún senador o diputado puede ser detenido desde el día de su elección hasta el fin de su mandato. La operación también apuntó contra su hijo, quien ahora enfrenta cargos por tráfico internacional de drogas y lavado de dinero. “El equipo que realizó el allanamiento fue una unidad élite, los mejores en lo que hacen”, dijo Legal a Forbidden Stories.
A partir de este punto, los relatos sobre lo ocurrido durante el operativo comienzan a divergir. Incluso quiénes participaron exactamente sigue sin estar claro. En agosto de 2024, el ministro de la SENAD, Jalil Rachid, afirmó que la Agencia de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) —a la que meses después el abogado Óscar Tuma acusaría de haber influido en el archivo de la causa por la muerte de Gomes— participó a través de la Unidad de Investigación Sensible (SIU) de Paraguay. Por entonces, un senador del oficialista Partido Colorado declaró en ABC TV que en el allanamiento no hubo participación de fuerzas brasileñas. Sin embargo, en junio de 2025, el ministro del Interior, Enrique Diera, sostuvo que la Policía Federal de Brasil colaboró en el “caso Lalo Gomes” debido al avance del PCC en las instituciones del Estado paraguayo. Poco después, Tuma volvió a pronunciarse, asegurando tener documentos oficiales recientes que demostraban que ni Eulalio Gomes ni su hijo tenían antecedentes penales en Brasil.
Según la versión oficial de las autoridades paraguayas, durante la noche del operativo ingresó primero personal de la Fuerza de Operaciones Policiales Especiales (FOPE), seguido por efectivos de la Unidad de Investigación Sensible (SIU). Uno de los agentes se identificó como personal policial, advirtió a los ocupantes de la casa que se trataba de un allanamiento y se dirigió al dormitorio principal, cuya puerta estaba cerrada con llave. Según su testimonio, desde el interior alguien abrió fuego. En ese momento, vio a uno de sus compañeros arrojarse al suelo y respondió disparando con su arma reglamentaria y efectuó cinco disparos. El abogado Tuma insiste en que Gomes nunca disparó un arma, sino que fue “ejecutado” por la policía. “Si hipotéticamente concluimos que el diputado realizó esos dos disparos, ello tampoco justificaría que fuera asesinado”, declaró a Forbidden Stories.
Gomes murió a causa de sus heridas, dejando tras de sí un rastro de preguntas sin respuesta.
El juez Osmar Legal (derecha) en la audiencia de Alexandre Rodrigues Gomes (en la pantalla, junto a su abogado). Fuente: Gentileza de Osmar Legal.
Rodrigues, el hijo de Gomes, huyó durante el allanamiento pero se entregó a las autoridades al día siguiente. Según Tuma, al principio pensó que el operativo policial en su casa era “un intento de secuestro”, lo que desencadenó un intercambio de disparos. En esa misma versión del abogado, cuando Rodrigues llegó a la comisaría “en busca de refugio”, los oficiales de turno le pidieron que “se retirara del lugar debido al temor de que los supuestos secuestradores también ingresaran allí”. El abogado describió la escena en general como “tragicómica”.
Sin embargo, el 4 de diciembre de 2024, una imputación emitida por el Ministerio Público y a la que tuvo acceso nuestro consorcio describió a Rodrigues como presunto integrante de una organización criminal dedicada al narcotráfico, incluyendo la tenencia, transporte y distribución de estupefacientes, al menos entre noviembre de 2019 y agosto de 2020.
El Ministerio Público lo supo durante años
Tras la muerte de Gomes, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, afirmó que el Ministerio Público investigaba al político desde 2023. No obstante, documentos internos a los que accedió nuestro equipo de investigación muestran otra realidad. Antes de esa fecha ya se habían emitido —al menos— tres alertas sobre las actividades del diputado: una en 2017, presentada por un pequeño empresario, Emilio Pistilli Farilla, y respaldada por la entidad bancaria BBVA Paraguay S.A Paraguay; otra en 2021, emitida esta vez por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD); y una última en 2022, por la propia Fiscalía General.
El 23 de octubre de 2017, Pistilli, junto con otros dos ciudadanos paraguayos, presentó una denuncia argumentando “varios delitos que involucran y perjudican a [sus] personas y patrimonio”, así como a varias empresas, y solicitó al Ministerio Público que “se sirva disponer la apertura de una investigación conforme los hechos expuestos”. En la denuncia, acusaba a Claudia Andrea Cuevas Sierich, “quien se [identificaba] como gerente de la sucursal del BBVA en Pedro Juan Caballero y además se [desempeñaba] como ejecutiva de [sus] cuentas”, de facilitar operaciones crediticias fraudulentas y otros presuntos delitos financieros.
Aproximadamente diez días antes, el 10 de octubre de 2017, la filial paraguaya de BBVA —uno de los bancos más grandes de España y América Latina— elaboró una auditoría interna en la que identificó transferencias directas de dinero entre Gomes, su hijo y la empresa Country P.J.C. Business S.A., presuntamente vinculada a Luiz Carlos da Rocha, alias “Cabeça Branca” y conocido como el “Pablo Escobar de Brasil”. Todas estas operaciones habrían sido facilitadas por Cuevas. Ese mismo año, según informó ABC Color, la Policía Federal de Brasil comunicó al Ministerio Público paraguayo que Gomes figuraba entre las personas que más se habían beneficiado de las actividades criminales de Cabeça Branca.
El informe del BBVA reveló que Cuevas cometió “graves irregularidades” al aprobar préstamos a clientes, entre ellos uno a Country P.J.C. Business S.A., que derivó en transferencias de dinero desde y hacia Gomes y su hijo. Descrita por ABC Color como el “cerebro” financiero de Gomes, Cuevas habría desempeñado un papel clave en la gestión y ocultamiento de su patrimonio.
Forbidden Stories preguntó a la Fiscalía General de la República del Paraguay cuando tuvo acceso por primera vez a este informe de auditoría. No respondieron a nuestras preguntas específicas.
Pasó aproximadamente un año. El 10 de enero de 2019, Alberto Andrada Argaña —entonces director jurídico de BBVA Paraguay S.A., cargo que ocupó entre junio de 2015 y octubre de 2023— presentó una denuncia penal, nuevamente contra Cuevas, en calidad de apoderado legal del banco y por los presuntos delitos de estafa, abuso de confianza y producción de documentos no auténticos. Seis meses más tarde, el Ministerio Público presentó el acta de imputación contra Cuevas, el 17 de julio de 2019.
Consultado sobre la presunta relación entre Gomes y Cuevas, el abogado Tuma respondió que la funcionaria bancaria “en su rol, ofrecía servicios relacionados con la obtención de préstamos” y que “Por lo tanto, no puede atribuirse responsabilidad alguna a quienes aceptaron dicha posibilidad, especialmente cuando les resultaba conveniente”.
Sin embargo, nuevas conversaciones entre Cuevas y Gomes, reveladas por ABC Color y Última Hora, sugieren que el político pudo haber interferido activamente en los intentos por llevar a Cuevas ante la justicia. En esos mensajes, Gomes insinúa estar en contacto con el Ministerio Público respecto a “su caso” —la causa contra Cuevas—. La paraguaya no fue condenada hasta diciembre de 2024, meses después de la muerte de Gomes
Forbidden Stories y sus socios también accedieron a un informe elaborado en 2021 por la UIF y la SEPRELAD, centrado en los movimientos financieros de Gomes y su hijo. Según este documento, entre 2017 y 2020 circuló aproximadamente el equivalente a 4 millones de dólares estadounidenses por las cuentas del diputado, una suma que activó alertas dentro del sistema de control antilavado del país.
Finalmente, en 2022, apenas un día antes del asesinato del fiscal antidrogas Marcelo Pecci en Colombia, el Ministerio Público de Paraguay envió a Brasil una solicitud de cooperación judicial. Buscaba información sobre presuntos integrantes de redes de narcotráfico de alto nivel. Entre los mencionados —de forma explícita— figuraban Eulalio Gomes y su hijo.
Pese a todo, y según la declaración del Fiscal General de Paraguay, no se abrió ninguna investigación judicial oficial hasta 2023. Ante la solicitud de aclaración presentada por nuestro consorcio sobre este tema, el Ministerio Público confirmó que estaba preparando una respuesta. No obstante, al momento de escribir este artículo (y dentro de los plazos indicados), Forbidden Stories y sus socios no la han recibido.
Imágenes satelitales de varias propiedades investigadas por la policía paraguaya en 2025, pertenecientes a Gomes, su familia o presuntos testaferros, en las cercanías de Pedro Juan Caballero, Amambay. Fuente: Google Earth.
“No es que el grupo criminal coopta a las autoridades, sino que es el mismo grupo criminal el que se mete a la política, es al revés”, sentenció.
Preguntado sobre por qué creía que no se había iniciado una investigación formal sobre Gomes hasta el 2023, el juez Legal respondió: “No quiero señalar a nadie en particular porque la corrupción es un problema global, pero para mí, los chats filtrados lo dicen todo. Él [Gomes] sabía cómo protegerse”. Más allá de la posible colusión de ciertos sectores de la policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial, Legal, quien ahora debe caminar con guardaespaldas y vehículo blindado por el ejercicio de su trabajo, señaló también que ciertas personas podrían haber actuado buscando proteger su propia seguridad. “Muchas veces, la gente prefería mantenerse al margen. Y los que preferían un soborno, bueno, obviamente lo aceptaban. Obviamente”.
*Nota de redacción: En enero de 2021, el Grupo BBVA vendió la totalidad de su participación en BBVA Paraguay al Banco GNB Paraguay, parte del Grupo Gilinski, tras recibir las autorizaciones regulatorias. Los hechos mencionados en este artículo pueden referirse a acciones ocurridas antes de dicha venta.
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