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Las políticas de Trump dejan a miles de personas en un limbo migratorio en México
Entre enero de 2025 y agosto de 2026, la administración de Trump envió a 25.000.427 personas a llamados “terceros países”. Casi 20.000 de ellos llegaron a los estados mexicanos de Chiapas y Tabasco, ubicados en la frontera con Guatemala. Forbidden Stories viajó a Villahermosa y Palenque para entrevistar a los afectados por esta política migratoria.
Crédit : Mélody da Fonseca / Forbidden Stories
- De las 25.000.427 personas deportadas desde Estados Unidos a terceros países entre enero de 2025 y agosto de 2026, casi 20.000 (cerca del 80 por ciento) fueron enviadas a México.
- En entrevistas realizadas por Forbidden Stories al sur de la frontera, los afectados contaron que los traslados en autobús desde Estados Unidos duraron más de 30 horas. Muchos relataron que no recibieron suficiente agua ni alimento durante el camino. Otros declararon haber permanecido encadenados por largos periodos de tiempo, sin saber, en la mayoría de las ocasiones, cuál sería su destinación final.
- Gran parte de los entrevistados denunciaron que no les fue dada la oportunidad de manifestar el miedo a persecución o amenazas que podría existir al regresar a su país de origen o cualquier otro, vulnerando así un principio básico del derecho internacional.
Por Sofía Álvarez Jurado (Forbidden Stories)
19 de septiembre de 2026
Con la colaboración de Léa Peruchon, Magdalena Hervada (Forbidden Stories) y Mathieu Tourliere (Proceso)
En 1979, Lorenzo Sánchez tomó una decisión que cambiaría su vida. El adolescente, nacido en Guantánamo, Cuba, estudiaba para convertirse en mecánico de ensamblaje de maquinaria pesada. Fue entonces cuando, según recuerda, el gobierno de Fidel Castro comenzó a “seguirlo” por los ideales políticos que profesaba.
Decidió salir del país en barco y completamente solo, rumbo a un destino esperanzador: Estados Unidos. A sus ojos, una tierra de oportunidades económicas y un refugio de la violencia en el que pensó que sería libre.
Castro había llegado al poder en 1959, un año antes de que Sánchez naciera. Bajo su liderazgo Cuba se transformó rápidamente, pasando de una fuerte dependencia económica de los Estados Unidos a un modelo socialista centralizado. El embargo estadounidense impuesto en 1962, junto con el aumento de la tensión entre ambos países, terminó aislando aún más la economía de la isla. Ante esto, el gobierno cubano comenzó a restringir la emigración de sus ciudadanos, con el objetivo de contener a la oposición y evitar perder a trabajadores capacitados.
La tensión social alcanzó su punto álgido en abril de 1989. En respuesta, Castro habilitó el puerto del Mariel para todas aquellas personas que quisieran emigrar, iniciando así el histórico éxodo del Mariel. Sánchez formó parte de los casi 125.000 cubanos que llegaron a Estados Unidos ese año, de los cuales aproximadamente 85.000 se asentaron en Miami y en el área sur de Florida.
Sánchez llegó a Miami, Florida, sin familia y sin un plan. Recuerda que en ese momento los recibieron oficiales estadounidenses, grupos religiosos y la sociedad civil, quienes se habían organizado para darle la bienvenida a los “Marielitos” en cuanto llegaran. Semanas después fueron enviados a Wisconsin, donde el gobierno les proveyó de albergue, comida y “hasta cigarros”, relata con una sonrisa.
Con el paso de los años, la mayoría de los “Marielitos” se convirtieron en residentes y ciudadanos americanos. En 1985 Sánchez hizo lo propio y solicitó la residencia estadounidense. Llevaba meses aprendiendo inglés, trabajando en un museo y una escuela. Pero su solicitud fue rechazada. “No sé por qué”, dijo, “[entonces] no había cometido ningún delito”. Aún con este rechazo, podía permanecer en el país gracias a su permiso de trabajo, con el requisito de que acudiera cada mes a firmar ante la autoridad migratoria.
En 1991, una pelea callejera con un ciudadano estadounidense terminó con una condena de 36 meses de prisión para Sánchez. Sin embargo, decidió aprovechar su tiempo en prisión, que hoy recuerda incluso con cierta nostalgia, señalando que tras las rejas obtuvo distintos certificados; entre ellos, en construcción de gabinetes, lectura de planos y dibujo técnico. Tras ser liberado en 1994, dejó de acudir a sus revisiones mensuales ante las autoridades migratorias. Años después, se mudó a Florida. A lo largo de las décadas, Sánchez rehizo su vida.
En junio de 2025, Sánchez fue arrestado mientras tomaba una cerveza en la playa, una práctica prohibida en algunas zonas de Florida, y posteriormente enviado a un centro de detención. Fue entonces cuando la revisión de sus antecedentes reveló que tenía una orden de deportación pendiente desde 1991, expedida tras su detención por la pelea callejera y después de que dejara de acudir a sus controles mensuales ante las autoridades migratorias.
Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), lo llevaron a un centro de detención en Miami. Un mes antes, la diabetes había provocado que le amputaran los dedos del pie izquierdo. Sánchez recuerda que, después de “una o dos semanas”, mientras aún se recuperaba de la cirugía, fue trasladado por las autoridades a un hospital en El Paso, Texas. Allí, funcionarios del Gobierno federal le comunicaron que sería deportado a Cuba. Resignado, no intentó oponerse.
Luego de ser dado de alta del nosocomio en El Paso, agentes fronterizos estadounidenses llevaron a Sánchez al sur de la frontera. Convencido de que se dirigía a su isla natal, Sánchez recibió un jarro de agua fría cuando, a mitad del trayecto, los agentes le comunicaron: “Tú vas para México. Cuba no los quiere”. Llegó a Piedras Negras, donde agentes migratorios mexicanos lo subieron a otro autobús, ahora con destino a Villahermosa, Tabasco; una ciudad que nunca había visitado y donde no conocía a nadie. Según Sánchez, este nuevo viaje le tomó tres días.
Lorenzo Sánchez sostiene una fotografía de sí mismo tomada por trabajadores del Albergue Amparito el día que le aprobaron su residencia mexicana, en Villahermosa, México. // Sofía Álvarez Jurado (Forbidden Stories).
Reconstrucción aproximada de la ruta que siguió Lorenzo Sánchez tras ser arrestado en Estados Unidos y hasta ser enviado a Villahermosa, México. // Sofía Álvarez Jurado (Forbidden Stories).
Forbidden Stories entrevistó a Sánchez en mayo de 2026, en Villahermosa, ciudad donde llevaba al menos cinco meses viviendo en la calle. Cuando llegó a México, pasó 150 días en el Albergue Amparito, un refugio humanitario privado que ofrece alojamiento temporal para quienes lo necesitan. Pero una vez vencido el tiempo máximo de estancia permitido en el albergue, Sánchez se quedó en la calle. Relató a nuestro consorcio que padecía de picaduras constantes de insectos, así como problemas para acceder a comida, agua y medicamentos. “Los perros viven mejor y comen todos los días”, dijo sobre su experiencia en México. Además, explicó que aún se estaba recuperando de la cirugía. Esta complicación, sumada al hecho de que ya supera los 60 años, le impedía trabajar. “A veces pienso y digo: preferible estar abajo en la tierra, o muerto”, confesó.
Traslados al margen del derecho internacional
Donald Trump regresó a la presidencia de los Estados Unidos en enero del 2025 e inmediatamente firmó diversas órdenes ejecutivas. La titulada “Asegurando nuestras Fronteras”, ordenaba al Departamento de Estado a coordinarse con el Fiscal General y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), impulsar acuerdos internacionales que facilitaran las llamadas ‘expulsiones a terceros países’, evitando el proceso habitual de deportación hacia el país de origen de la persona. Un informe emitido en febrero de 2026 por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, señaló que el gobierno había “ampliado drásticamente” estas prácticas, reflejando “un cambio preocupante en la forma en que Estados Unidos ejercía el poder”.
A lo largo de seis meses de investigación para “El Proyecto Deportación” Forbidden Stories analizó la política de “expulsión a terceros países” implementada por la administración de Trump, la cual consiste en deportar a una persona a un país diferente al de nacimiento. Entre enero de 2025 y agosto de 2026, el gobierno estadounidense expulsó a al menos 25 mil 427 ciudadanos a un tercer país, negoció acuerdos confidenciales con 35 gobiernos y realizó deportación a 28 de esas naciones.
Sin derecho al “procesamiento de temor creíble”
Nuestra alianza internacional conformada por 72 periodistas de 26 medios de comunicación entrevistó a 35 personas que fueron deportadas a países con los que no tenían ningún vínculo. Conforme al derecho internacional, los Estados deben garantizar a quienes enfrentan una orden de expulsión la posibilidad de clamar un “temor fundado de persecución”, reconociendo así que existe una amenaza contra su vida, ya sea en su nación de origen o en un tercer país. Este proceso se conoce como “procesamiento de temor creíble” (“credible fear interview, CFI”, en inglés).
Según las leyes estadounidenses, cuando una persona sometida a una “expulsión inmediata” (un proceso migratorio acelerado que permite la deportación de personas extranjeras sin audiencia), le expresa a los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) o a ICE su intención de pedir asilo por temor a ser perseguido en su país natal, las autoridades deben otorgarle esta entrevista de procesamiento de temor creíble. Exigida por la ley estadounidense y conducida por un oficial de asilo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración, la entrevista es fundamental en el trámite de asilo, ya que se trata de la oportunidad del solicitante para fundamentar los peligros que enfrentaría al ser devuelto.
La mayoría de las personas con las que Forbidden Stories pudo conversar no tuvo la oportunidad de realizar este procesamiento de temor creíble. Muchos no fueron informados del lugar al que serían deportados hasta que llegaron a su destino.
Meredyth Yoon, directora de litigios de la organización Asian Americans Advancing Justice, indicó a nuestro equipo que en muchos casos, las personas fueron trasladadas primero a un tercer país antes de ser repatriadas de forma “rápida” a sus países de origen, incluso cuando habían demostrado que podían ser víctimas de persecución o tortura allí.
Según Yoon, muchos de ellos estaban siendo “detenidos de manera indefinida, en condiciones deplorables, sin acceso a servicios médicos o medicamentos necesarios”, tanto en los centros de detención de Estados Unidos como en los terceros países a los que llegaban.
De todos los destinos que reciben a ciudadanos de terceros países expulsados por Estados Unidos, México es el que más personas ha recibido. Pese a que no existe un acuerdo público entre ambos gobiernos sobre estas deportaciones, México ha aceptado alrededor de 20.000 deportados, el número más alto según el sitio Third Country Deportation Watch, gestionado por las organizaciones Refugees International y Human Rights First. Nuestra investigación revela que México aceptó a más personas que los tres siguientes países receptores combinados: Guatemala (al menos 2.000.981), Costa Rica (con un mínimo de 599) y Honduras (con 543).
A diferencia de otros países que reciben expulsados desde Estados Unidos, las personas no llegan a México en avión, sino de forma más discreta, en autobús. Un informe de Human Rights Watch (HRW, por sus siglas en inglés) identificó las principales rutas de deportación en México, con cuatro principales cruces fronterizos posibles: San Ysidro-Tijuana, Nogales-Sonora, El Paso-Juárez y Port Isabel-Matamoros. En estas garitas, los oficiales de migración mexicanos toman el control legal y llevan a los pasajeros a dos ciudades al sur del país, cerca de la frontera con Guatemala. Se trata de Villahermosa, capital de Tabasco, estado conocido por su industria de hidrocarburos; y Tapachula, Chiapas, famosa por ser el punto de entrada de las personas en contexto de movilidad que buscan llegar al norte. De acuerdo con los entrevistados, los viajes duran más de 30 horas, tiempo en el cual van encadenados y con acceso limitado a comida.
Los cubanos constituyen la nacionalidad mayoritaria entre las personas que Estados Unidos envía a México. La organización HRW señaló que cerca de 4.300 cubanos fueron deportados al país entre enero del 2025 y marzo del 2026. Históricamente, Cuba y Estados Unidos no han mantenido acuerdos que regulen el retorno de sus connacionales. Según HRW, con el tiempo, muchos cubanos residentes en Estados Unidos con órdenes de deportación pendientes “asumieron que la deportación ya no era una posibilidad real”. Al igual que en el caso de Sánchez, muchos solían recibir un permiso para permanecer en territorio estadounidense bajo la supervisión de las autoridades migratorias, siempre y cuando cumplieran con la obligación de presentarse regularmente ante ellas.
Un billete de ida a Villahermosa
Durante la cobertura de Forbidden Stories en el sur de México, nuestro consorcio pudo hablar con Vicente, un ciudadano cubano de 60 años que cruzó la selva del Darién, una de las rutas migratorias más peligrosas del planeta, en 2023. “Vicente” es un pseudónimo, ya que el entrevistado quiso mantener su identidad en el anonimato por temor a que los agentes de migración estadounidenses pudieran identificarlo y evitar que se reúna con su familia en el futuro.
Vicente abandonó Cuba en 2009 con destino a Venezuela bajo un Convenio Integral de Cooperación binacional. Ahí conoció a su esposa, formó una familia e inició una carrera como entrenador de béisbol, preparando a deportistas que darían el salto a las ligas profesionales. Desilusionado por la política cubana, optó por no regresar a la isla. Pero tras diez años residiendo en Venezuela, comenzó a ser acosado por la Dirección Técnica de Investigaciones cubana, un órgano especializado del Ministerio del Interior de La Habana. Según Vicente, funcionarios de este organismo lo calificaron de “apátrida” y “traidor”, y lo amenazaron con que su familia “pagaría las consecuencias”. A la par, el colapso social y económico en Venezuela se agudizaba: la falta de insumos médicos y alimentos detonó manifestaciones en todo el país. En 2023, Vicente decidió dejar emigrar a Estados Unidos con el objetivo de ofrecerle una mejor vida a su hijo menor, que entonces tenía nueve años.
Desde Venezuela, intentó obtener una cita para cruzar la frontera legalmente mediante la aplicación CBP One, plataforma establecida durante el gobierno de Joe Biden para solicitar asilo desde la frontera sur de Estados Unidos. Pero durante el tiempo que permaneció a la espera, no se liberó ninguna cita. Fue entonces que un conocido le presentó una oportunidad: un grupo pretendía atravesar el Río Bravo, también llamado Río Grande, que marca la frontera con Texas, para ingresar nadando a territorio estadounidense. Era “ahora o nunca”, le dijo su conocido. Vicente decidió sumarse. En agosto de ese año, cuando la comitiva de aproximadamente 300 personas logró cruzar, fue interceptada de inmediato por agentes federales.
Junto a otras 21 personas, Vicente fue separado del grupo y detenido en un penal de Texas durante 23 días. Al haber cruzado la frontera de manera irregular, tuvo que comparecer ante un juez en una audiencia en la que la policía no presentó pruebas sobre los hechos, por lo que finalmente fue liberado. Sin embargo, al abandonar la sala, agentes de ICE lo aprehendieron nuevamente, esta vez para trasladarlo a Port Isabel. Allí comenzó una batalla legal. Buscó asesoría jurídica y presentó pruebas de las amenazas que había recibido en Venezuela para respaldar su solicitud de asilo. No funcionó. Las autoridades migratorias rechazaron su solicitud y emitieron una orden de deportación en su contra.
Vicente fue traslado desde la “saturada” prisión de Port Isabel, en sus propias palabras, al Centro de Seguridad del Condado de Geauga, en Cleveland, operado por ICE. Ahí esperó 90 días a que Cuba lo reclamara. Cuando esto no pasó, su hijastro, quien es residente estadounidense, tramitó su liberación. Y fue el día de navidad de 2023 cuando Vicente se reunió finalmente con su familia en Ontario, California, después de que su esposa e hijo menor fueran liberados por agentes migratorios, tras haber cruzado ellos mismos el Darién.
Vicente confiaba en obtener un perdón tras haber ingresado de manera irregular al país y preparaba junto a su abogado el expediente para la residencia permanente. Siempre acudió a sus citas con ICE y su historial era impecable. En agosto de 2025 llegó a lo que parecía una cita más, donde regularmente el agente migratorio revisaba su estado, verificaba su información personal y fijaba la fecha del próximo encuentro. Pero esa ocasión fue distinta. El oficial lo llevó a una oficina privada con la excusa de registrar sus huellas dactilares. “Todo fue una maniobra, una mentira, una patraña. Una vez que crucé la puerta, había cuatro oficiales detrás. Me pusieron contra la pared. Me pidieron que no hiciera resistencia. Y me pusieron las esposas en las manos, en la cadera y en los pies”.
Vicente* (nombre cambiado por razones de seguridad), viste una camiseta de Cuba, permanece de pie en su casa alquilada en Villahermosa, frente a la jaula que construyó para la cría de codornices japonesas. // Sofía Álvarez Jurado (Forbidden Stories)
Reconstrucción aproximada de la ruta que siguió Vicente* desde su arresto en Estados Unidos, hasta llegar a Villahermosa, México. // Sofía Álvarez Jurado (Forbidden Stories).
Vicente fue trasladado a un centro de detención que recuerda como “un sótano”, ubicado en el área de Los Ángeles. Según su testimonio, en la sala había más de 80 personas hacinadas en un espacio en el que, a su juicio, sólo cabían “unas ocho o diez como máximo”. Tras cuatro días, fue llevado en grupo a un autobús con destino a Arizona; y desde Arizona, trasladado a El Paso, Texas, hacia Camp East Montana, un antiguo espacio de internamiento de japoneses-estadounidenses que Vicente describe como “un campo de concentración”. En un informe reciente, HRW y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) concluyeron que las personas detenidas en Camp East Montana vivieron “condiciones de reclusión equivalentes a la desaparición forzada, tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como uso excesivo de la fuerza, incluida una ejecución extrajudicial, falta de asistencia médica vital, obstáculos para la representación legal y expulsiones a terceros países”.
Desde que llegó a Villahermosa en agosto de 2025, Vicente vive en una casa de bloques de hormigón de unos 15 metros cuadrados. Mientras espera a que la autoridad le autorice un permiso para poder trabajar en México, entrena a un equipo infantil de béisbol de forma voluntaria. En esta vivienda, ha armado una incubadora para criar codornices japonesas, cuya carne y huevos son populares en el país. “No sé hacer otra cosa que no sea trabajar”, declaró a Forbidden Stories.
“Yo no tengo felonía. Yo no tengo nada. Yo no tengo nada que justifique por qué me separaron de mi familia”, expresó. La distancia con su familia, que aún vive en Ontario, es un proceso desgastante. En las últimas navidades, le enviaron una foto que mostraba la chimenea de la casa familiar, donde colgaban las botas navideñas bordadas con los nombres de todos, incluido el suyo, Vicente explicó a Forbidden Stories, sin poder contener el llanto. “Es duro saber que [estoy] presente allí, pero que no esté”, confesó.
Desterrados a un país extraño
En México, ante la creciente llegada de ciudadanos de terceros países y el sistema migratorio operando a máxima capacidad, los albergues y refugios comunitarios a cargo de la sociedad civil han llenado el vacío institucional. Frecuentemente, operando con fondos insuficientes.
En Villahermosa, el Refugio Amparito, que originalmente abrió sus puertas para alojar a los familiares de los pacientes de un hospital cercano, rápidamente se adaptó y comenzó a recibir a las personas expulsadas. Josué Martínez Leal, vocero del espacio, declaró a Forbidden Stories que la política de la administración Trump de deportar a aquellos con antecedentes penales justo después de haber cumplido su condena entraba en una lógica de “doble castigo”. “Nosotros identificamos que entre el 90 y 95% habían sido procesados y cumplido una pena [en la cárcel]”, dijo. “El día de su liberación estaban poniendo un pie fuera y, al segundo, ya lo tenían que poner en una furgoneta del ICE”, comentó.
Durante la visita de Forbidden Stories, el albergue sólo tenía 10 camas destinadas a hombres, concebidas para estadías de máximo dos noches. No obstante, el límite de estancia es flexible ante la constante llegada de personas en contexto de movilidad en condiciones de alta vulnerabilidad.
Dormitorio masculino en el Albergue Amparito en Villahermosa, donde permanecen temporalmente algunos nacionales de terceros países (así como mexicanos que lo requieran). // Sofía Álvarez Jurado (Forbidden Stories).
Dormitorio para mujeres en el Albergue Amparito en Villahermosa, donde se alojan temporalmente algunas nacionales de terceros países (así como mexicanas que lo requieran). // Sofía Álvarez Jurado (Forbidden Stories).
Mural del Albergue Casa del Caminante en Palenque, que muestra distintas rutas ferroviarias a lo largo de México, así como opciones de refugio en el país. // Sofía Álvarez Jurado (Forbidden Stories).
Espacio principal del Albergue Casa del Caminante en Palenque, donde se alojan temporalmente nacionales de terceros países (así como mexicanos que lo requieran). // Sofía Álvarez Jurado (Forbidden Stories).
A unos 100 kilómetros de Villahermosa, en Palenque, cerca de las ruinas mayas declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en lo profundo de la selva chiapaneca, el Albergue Casa del Caminante recibe también a extranjeros expulsados por Estados Unidos. En el momento de la visita de nuestro consorcio, el espacio daba cobijo a tres ciudadanos cubanos. El mayor de ellos tenía 68 años.
Evelinda Ramírez Gallegos, psicóloga de la institución, calificó de “triste” observar cómo las personas son enviadas a un país ajeno, luego de haber vivido décadas en suelo estadounidense. Explicó que la mayoría no quería permanecer en Chiapas debido a las altas temperaturas, la falta de empleo y porque no había opciones para cobrar sus sus jubilaciones. “Estados Unidos no los quiere, su país no los acepta, entonces… La última opción es México”, lamentó.
Para la mayoría, llegar a México implica hacerlo sin documentos, ya que ICE los confisca durante los arrestos y, en muchas ocasiones, no los devuelve. Esto afecta principalmente a los cubanos, a quienes su gobierno con frecuencia se niega a repatriar después de haber residido en el extranjero durante períodos prolongados. Para ellos, conseguir una copia de los papeles es una odisea burocrática casi imposible. “Si esta situación de apatridia de facto les impide obtener documentos de identidad o acceder a derechos básicos, como la atención médica, podría constituir una vulneración de derechos atribuible a México”, explicó Ian Kysel, Profesor clínico de Derecho en la Facultad de Derecho de Cornell y académico visitante en la Facultad de Derecho de Stanford y en el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias del Comportamiento de la Universidad de Stanford. “En el contexto de una cooperación bilateral en la que México sabía que los países de origen de los migrantes no aceptarían el retorno de sus nacionales, algunas de esas violaciones del derecho internacional también podrían ser atribuibles a Estados Unidos”, sentenció.
José Alejandro Aponte de pie frente al Albergue Amparito en Villahermosa. // Sofía Álvarez Jurado (Forbidden Stories).
José Alejandro Aponte, cubano de 65 años, también se hospedó brevemente en Albergue Amparito y actualmente vive en una pequeña habitación que alquila en el centro de Villahermosa. Cuando Forbidden Stories habló con él, acababan de negarle la residencia en México. “Traté de cumplir con todos los reglamentos, y al final me negaron mi residencia. Ahora estoy en un limbo migratorio. No tengo papeles para ir a ningún lado”, dijo. “Tengo que dejar de comunicarme con mi familia porque ahora todas las compañías de teléfono están exigiendo que se vincule la línea. ¿Cómo nos vamos a vincular? Nosotros somos extranjeros”.
Según Aponte, el gobierno mexicano tiene la culpa: “¿Por qué [la presidenta Sheinbaum] le aceptó al presidente Trump que nos trajera a nosotros para acá si no nos iban a dar ni un lugar donde vivir, ni trabajo para trabajar?”. Sánchez coincide con Aponte: “¿Cómo vas a aceptar a unas personas que vienen de otro país, deportados, para tenerlos tirados como un perro, durmiendo en la calle, pasando hambre? Están violando los derechos humanos. No importa lo que seas, los más malos o los más buenos. Somos humanos”.
Ni la Secretaría de Relaciones Exteriores o la de Gobernación de México respondieron a las preguntas específicas enviadas por nuestra alianza de periodistas. En su lugar, enfatizaron que no existe un acuerdo formal con Estados Unidos para recibir extranjeros, y que las personas que sí han sido admitidas, lo han sido “por razones humanitarias”. Añadieron que México brinda la opción de iniciar un proceso de regulación migratoria, asilo o retorno asistido a quienes cumplen con los requisitos. La Oficina de la Presidencia declinó emitir comentarios adicionales.
Tonatiuh Guillén López fue titular del Instituto Nacional de Migración (INM) de México, órgano de control migratorio bajo la supervisión de la Secretaría de Gobernación, durante parte de la administración de Andrés Manuel López Obrador. En entrevista con nuestro consorcio, Guillén declaró que las negociaciones específicas para que México alineara su política migratoria con Estados Unidos comenzaron a finales de 2018. Finalmente, esa convergencia con la agenda de Washington se produjo en 2019. Según Guillén, este acercamiento no respondió a un acuerdo previo, sino que México cedió ante la presión estadounidense, que incluía exigencias para militarizar el control migratorio.
Cuestionado sobre la intervención del INM en los traslados de extranjeros desde Estados Unidos hacia territorio mexicano, Guillén tildó la medida como un acto de “crueldad”. A su vez, subrayó que “a mayor volumen de personas en movimiento, el gran ganador son las organizaciones de crimen organizado”.
Guillén inició su rol en diciembre de 2018 y renunció en junio de 2019, durante uno de los roces diplomáticos más tensos entre México y Estados Unidos de los últimos años. Su salida se dió tras el compromiso de México ante Washington de aplicar medidas cautelares para contener el flujo migratorio hacia el norte, evitando así una guerra comercial. Le sustituyó Francisco Garduño, ex director del sistema penitenciario y quien lideró la militarización de los controles migratorios en México, posteriormente enfrentó un proceso judicial (resolución que, en enero de 2025, fue suspendida condicionalmente por el juez a cargo, a cambio de la ejecución de medidas reparatorias) por el incendio en la estación del INM en Ciudad Juárez, el cual cobró la vida de 40 migrantes. “La paradoja de toda esta gran polémica es que, al final, quien pierde es la economía de Estados Unidos”, concluyó Guillén respecto al esquema de deportaciones.
Mientras tanto, miles de ciudadanos de terceros países continúan varados en México, sin autorización legal para trabajar. La mayoría de ellos, al igual que Vicente, sólo esperan reunirse nuevamente con sus seres queridos: “Las aspiraciones mías [serían] reunirme con mi familia”, declaró. “Ahora, tengo la incertidumbre del tiempo. No tengo 20 años. No puede ser [dentro de] diez años”. Otros han comenzado a rehacer sus vidas en México. Sánchez, quien ya fue reconocido como refugiado, se ha establecido de forma permanente en Guanajuato.
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